La acción climática universitaria constituye el compromiso sistémico de una institución con la mitigación y adaptación al cambio climático, integrado transversalmente en docencia, investigación, gestión y extensión. Va mucho más allá de los planes de eficiencia energética: implica reorientar currículos, redefinir criterios de contratación sostenible, incorporar huella de carbono en la toma de decisiones operativas y articular alianzas con gobiernos locales para descarbonizar territorios. En España, el impulso normativo ha venido de la mano de la Estrategia Nacional de Transición Ecológica 2030 y el Real Decreto Ley 14/2022, que exige planes de descarbonización a entidades públicas. Las universidades han respondido con iniciativas como auditorías de carbono obligatorias, electrificación de flotas (especialmente en campus grandes y dispersos), o la incorporación de cláusulas climáticas en los contratos de servicios. Un caso destacado es la reducción de más del 30 % en emisiones directas en cinco años, lograda mediante rehabilitación energética de edificios antiguos —una estrategia clave en campus históricos del norte con alta demanda térmica invernal. Desde lo pedagógico, se ha avanzado en competencias transversales de sostenibilidad, con asignaturas obligatorias en grados STEM y humanidades. La acción climática universitaria también exige justicia: adaptar medidas a realidades locales, como la gestión del agua en zonas con estrés hídrico severo en el sur planes de descarbonización universitarios huella de carbono institucional obligatoria auditorías climáticas en campus
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