Las compras socialmente responsables son aquellas que, además de cumplir con especificaciones técnicas y económicas, generan impacto positivo en colectivos vulnerables, promoviendo la inclusión laboral, la equidad de género y el desarrollo local. En el ámbito universitario español, su impulso responde a la Ley 9/2017 de Contratos, que permite reservar hasta el 30?% del valor de un contrato para centros especiales de empleo, empresas de inserción o cooperativas sociales. Las universidades han ido más allá: han creado catálogos de proveedores inclusivos validados por servicios sociales municipales, que incluyen desde catering gestionado por mujeres supervivientes de violencia de género hasta impresión realizada por personas con discapacidad intelectual. En zonas rurales o de interior, se priorizan cooperativas agrarias locales, especialmente aquellas lideradas por jóvenes o mujeres, reforzando el tejido económico en áreas con despoblación. Pedagógicamente, se visibilizan mediante campañas de comunicación que explican el impacto social de cada compra: por ejemplo, "este menú financia 2 horas de formación en digitalización para mayores". La gestión exige coordinación con servicios de acción social y empleo, y mecanismos de seguimiento del impacto real (puestos creados, horas de formación impartidas). Un caso sobresaliente es la reserva del 15?% del gasto en material de oficina para empresas de inserción, lo que ha permitido mantener 12 puestos de trabajo estables en el entorno. Para evitar el paternalismo, varias instituciones han establecido comités de evaluación con representantes de los colectivos beneficiarios, asegurando que las compras respondan a necesidades reales, no a visiones externas. catálogos de proveedores inclusivos reserva del 15% del gasto en material de oficina comités de evaluación con representantes de los colectivos beneficiarios
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La inclusión en pliegos de condiciones de requisitos que favorezcan la inserción laboral de colectivos vulnerables: empresas de inserción, cooperativas de personas con diversidad funcional, o proveedores locales en zonas de alta desempleo. En una universidad con campus en área rural despoblada, se priorizó a cooperativas agrícolas locales para el suministro de alimentos, generando 8 nuevos puestos de trabajo en 3 años. En otra, urbana, los servicios de limpieza los presta una empresa de ... |
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Criterio que orienta las adquisiciones universitarias hacia proveedores que generan beneficios sociales y ambientales para el entorno local: cooperativas agrícolas, talleres de inserción laboral, empresas de economía social o artesanos locales. Va más allá del cumplimiento normativo: implica diseñar pliegos con cláusulas que prioricen la generación de empleo digno, la inclusión de colectivos vulnerables o la conservación del patrimonio. En el marco de los acuerdos sectoriales de el acu ... |
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La contratación sostenible en universidades es el proceso mediante el cual se integran criterios ambientales, sociales y económicos en todas las fases de la adquisición de bienes, servicios y obras, asegurando que los recursos públicos generen valor compartido. En el marco español, se sustenta en la Ley 9/2017 de Contratos, reforzada por el Real Decreto 109/2021, que exige mínimos en sostenibilidad para licitaciones superiores a cierto umbral. Las instituciones más avanzadas han ido más ... |
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Colaboración con cooperativas, empresas de inserción laboral o bancos de tiempo para servicios universitarios —limpieza, mantenimiento, catering— priorizando criterios sociales y ambientales sobre el precio. En el marco de los acuerdos sectoriales de el acuerdo entre universidades , se convierte en una estrategia de responsabilidad social con impacto local. En campus del sur, apoya proyectos de empleo en zonas rurales; en el norte, en la transición justa industrial. Cooperativas y empres ... |
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Política de compras que prioriza proveedores locales e incluye requisitos de inserción laboral de colectivos vulnerables. Una universidad reservó el 25% de su servicio de catering a una empresa de inserción que emplea a personas en riesgo de exclusión, utilizando productos de agricultura social. Los estudiantes de trabajo social realizan seguimiento del impacto y los de economía analizan los multiplicadores locales. Inserción laboral de colectivos vulnerables y seguimiento académico d ... |
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La evaluación del impacto social en universidades es el proceso riguroso de identificar, medir y valorar los efectos —positivos y negativos— que las decisiones institucionales tienen sobre las personas, las comunidades y las estructuras de justicia, especialmente en colectivos vulnerables. En el marco español, su desarrollo se ha fortalecido con la Ley 9/2017 de Contratos, que exige criterios sociales en licitaciones, y las guías de la CRUE sobre Sostenibilidad e Inclusión (2022). Las ... |
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La priorización de pequeñas y medianas empresas del entorno para suministros —alimentos, mobiliario, servicios— fortaleciendo la economía circular territorial y reduciendo huella de transporte. En una institución del interior, se creó un "catálogo de proveedores verdes locales" con más de 70 empresas; en 3 años, el gasto local aumentó del 28% al 63%, generando 24 nuevos puestos de trabajo en la zona. La CRUE ha destacado que esta práctica frena la despoblación y aumenta la resilie ... |