El compromiso climático universitario es la declaración formal y vinculante de una institución para contribuir activamente a los objetivos del Acuerdo de París, traducida en metas cuantificables, plazos ambiciosos y recursos asignados, con el fin de lograr la neutralidad climática lo antes posible —preferiblemente antes de 2035. En España, su impulso ha venido de la Ley 7/2021 de cambio climático y la adhesión al Race to Zero de la ONU, pero las universidades más avanzadas han ido más allá, incorporando justicia climática y transparencia radical. El compromiso no se limita a reducir emisiones operativas: incluye la huella de la inversión (desinversión en combustibles fósiles), la huella inducida (movilidad del alumnado, viajes de investigación) y la huella del conocimiento (alineación de la investigación con soluciones regenerativas). Un caso ejemplar es la descarbonización progresiva de la cartera de inversiones, con venta total de activos vinculados a carbón, petróleo y gas en un plazo de tres años, reasignando fondos a energías renovables comunitarias. Pedagógicamente, el compromiso se traduce en asignaturas obligatorias sobre acción climática y en la obligatoriedad de calcular la huella de carbono en proyectos fin de grado. La gestión exige un plan de acción con metas anuales, verificación externa independiente y participación estudiantil en el comité de seguimiento. Un avance reciente es la inclusión de cláusulas climáticas en los estatutos universitarios, convirtiendo la neutralidad en un mandato institucional, no en una decisión discrecional de la rectora en turno. Para evitar el estancamiento, varias instituciones han establecido metas intermedias de reducción del 50?% para 2030, con consecuencias presupuestarias en caso de incumplimiento. Race to Zero de la ONU descarbonización progresiva de la cartera de inversiones inclusión de cláusulas climáticas en los estatutos universitarios metas intermedias de reducción del 50% para 2030
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