La neutralidad climática en universidades es el estado en el que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son equilibradas por remociones duraderas, logrado mediante una hoja de ruta ambiciosa que prioriza la eliminación real de emisiones sobre las compensaciones, con plazos coherentes con el objetivo de 1,5 C del Acuerdo de París. En España, su compromiso ha sido formalizado en la Declaración Carbono Neutral Universidades Españolas, impulsada por diferentes foros universitarios, que exige neutralidad antes de 2035 —una década por delante del plazo nacional—. Las instituciones avanzadas han adoptado metodologías Science Based Targets (SBTi), han incluido el Scope 3 completo (viajes, inversión, residuos) y han establecido límites máximos a las compensaciones (menos del 10%, solo para proyectos locales de alta integridad, como restauración de dehesas o turberas). Las acciones prioritarias incluyen: rehabilitación energética profunda, electrificación total de flotas y climatización, autoconsumo renovable con almacenamiento y descarbonización de la cartera de inversiones. En el sur, se enfoca en la adaptación al calor extremo y la reducción de carga eléctrica; en el norte, en la eficiencia en calefacción y la estanqueidad de edificios históricos. Pedagógicamente, los informes de huella se usan en prácticas de economía y política para debatir justicia climática. La gestión exige verificación externa anual, metas intermedias públicas (reducción del 50% para 2030) y participación estudiantil en el comité de seguimiento. Un avance clave es la inclusión de cláusulas climáticas en estatutos universitarios, convirtiendo la neutralidad en mandato institucional, no en decisión discrecional. Recientemente, se ha incorporado evaluación de justicia en planes de neutralidad, asegurando que la transición no profundice desigualdades.
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El Acuerdo de París, adoptado en 2015, establece el objetivo de limitar el calentamiento global muy por debajo de 2?°C, preferiblemente a 1,5?°C. Su aplicación universitaria implica traducir este compromiso global en metas institucionales concretas, verificables y ambiciosas, como la neutralidad climática antes de 2035 —una década por delante del plazo nacional—. En España, este proceso se ha acelerado tras la aprobación de la Ley 7/2021, que obliga a entidades públicas a elaborar p ... |