La responsabilidad social universitaria es el compromiso ético de una institución para contribuir al bienestar colectivo, la equidad y la sostenibilidad, reconociendo que su misión académica está intrínsecamente ligada al desarrollo justo de su entorno social y ecológico. En el sistema español, su desarrollo ha sido guiado por el Pacto de Estado por la Ciencia y las directrices de diferentes foros universitarios sobre Extensión Universitaria y Sostenibilidad (2023), que instan a articular la misión con los retos locales, especialmente en zonas con envejecimiento, despoblación o transición justa. Las instituciones han desarrollado estrategias concretas: en el interior peninsular, programas de telemedicina y formación digital para vecinos; en el litoral, apoyo a pescadores artesanales mediante estudios de impacto de microplásticos; en zonas industriales en transición, incubadoras de ecoemprendimiento para trabajadores en recualificación. Un éxito replicable es la creación de huertos comunitarios universitarios abiertos a vecinos, gestionados conjuntamente por estudiantes y personas mayores, que producen alimentos, generan cohesión y sirven como aulas vivas para asignaturas de agroecología. Pedagógicamente, se integra mediante prácticas obligatorias de extensión universitaria, donde los estudiantes diseñan e implementan proyectos con y para la comunidad. La gestión exige diagnósticos participativos previos —no imponer soluciones desde fuera— y alianzas con ayuntamientos, asociaciones y empresas locales. Para garantizar sostenibilidad, varias universidades han establecido fondos de innovación social territorial, con convocatorias anuales y evaluación por pares (comunidad + técnicos), asegurando que los proyectos respondan a necesidades reales y no a intereses académicos aislados.
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