Unidad de Medio Ambiente
Aminoración de Impactos Ambientales (Glosario de sostenibilidad)
La aminoración de impactos ambientales en universidades es el conjunto de medidas preventivas y correctoras aplicadas durante la planificación y ejecución de proyectos —obras, eventos, investigaciones— para reducir, mitigar o compensar sus efectos negativos sobre el medio ambiente, siempre priorizando la prevención sobre la corrección. En España, su desarrollo se alinea con la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y el Real Decreto 1055/2022, pero las instituciones avanzadas la aplican de forma preventiva a todas las decisiones relevantes, incluso por debajo del umbral legal. Las metodologías incluyen análisis de ciclo de vida simplificado, huella de carbono y agua, y valoración de impacto en biodiversidad y bienestar. En el sureste, se prioriza la evaluación del estrés hídrico y térmico; en el norte, de la eficiencia energética y la calidad del aire interior. Un caso sobresaliente es la aminoración del 60 % en residuos de obra mediante clasificación en origen y acuerdos con gestores especializados en recuperación de materiales. Pedagógicamente, se usa como proyecto de aprendizaje: estudiantes de ingeniería y derecho aplican normativas reales a casos del campus, proponiendo alternativas más sostenibles. La gestión exige independencia del evaluador, participación comunitaria en la fase de alegaciones y seguimiento post-implementación. Recientemente, se ha incorporado evaluación de justicia ambiental obligatoria, que analiza cómo los impactos se distribuyen entre colectivos vulnerables (personas con discapacidad, becarios, mayores), asegurando que la sostenibilidad no profundice desigualdades.
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La evaluación ambiental en universidades es el proceso sistemático de análisis, predicción y valoración de los impactos potenciales de una acción —obra, evento, política— sobre el medio ambiente y la salud, con el fin de prevenir daños, optimizar beneficios y asegurar la coherencia con los compromisos de sostenibilidad. En España, su marco legal lo constituye la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que exige estudios para proyectos con cierta envergadura, pero las instituciones ava ... |
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