Los proveedores sostenibles en el ámbito universitario son aquellas empresas, cooperativas o entidades que cumplen con criterios ambientales, sociales y de gobernanza rigurosos en sus productos, servicios y cadena de valor, y cuya selección forma parte de una estrategia de compra pública responsable. En España, su identificación se ha sistematizado gracias a la Ley 9/2017 de Contratos y el Real Decreto 109/2021, que exigen criterios mínimos en licitaciones superiores a cierto umbral, pero las universidades avanzadas han ido más allá, creando catálogos preaprobados de proveedores sostenibles con validación técnica y social. Los criterios incluyen: uso de materias primas recicladas o renovables, diseño para desmontaje y reutilización, ausencia de sustancias tóxicas, trazabilidad en derechos humanos (especialmente en sectores de alto riesgo como textil o electrónica), y compromiso con la economía local (empleo, género, PYMEs). En el sureste, se priorizan proveedores con planes de adaptación al estrés hídrico; en el norte, con energías renovables en su producción. Pedagógicamente, los procesos de evaluación se usan como casos reales en grados de administración y derecho. La gestión exige auditorías postcontrato, cláusulas de revisión anual y canales de denuncia seguros. Un caso sobresaliente es la reserva del 20 % del gasto en limpieza para empresas de inserción, generando empleo de calidad y reduciendo rotación. Recientemente, se ha incorporado evaluación de impacto decolonial en proveedores internacionales, asegurando que la cooperación no reproduzca dinámicas de poder desiguales.
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La compra pública sostenible en universidades es la integración sistemática de criterios ambientales, sociales y económicos en todos los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras, desde la redacción de pliegos hasta la evaluación de ofertas y el seguimiento postcontrato. En España, su marco normativo lo constituyen la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, reforzada por el Real Decreto 109/2021, que exige criterios sociales y ambientales mínimos en licitaciones superior ... |
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