La compra pública verde (CPV) es un subconjunto de la compra pública sostenible centrado específicamente en reducir los impactos ambientales de las adquisiciones, priorizando productos y servicios con menor huella de carbono, menor consumo de recursos y menor generación de residuos a lo largo de su ciclo de vida. En el contexto universitario español, se ha impulsado mediante el Plan de Acción de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y la guía de la CRUE sobre Criterios Verdes en Contratación. Las universidades han implementado medidas concretas: sustitución total de plásticos de un solo uso por alternativas reutilizables o compostables certificadas, compra de equipamiento informático con etiqueta energética A++ y garantía de 5 años, o selección de vehículos 100?% eléctricos en flotas de servicio. En el sur, se priorizan productos con bajo consumo hídrico en su fabricación —como textiles de algodón regenerativo—, alineándose con la realidad de estrés hídrico local. Pedagógicamente, las decisiones de CPV se explican en cafeterías y residencias mediante carteles con etiquetas ambientales visibles, que informan al usuario sobre el impacto evitado. La gestión exige listas de productos verdes preaprobados, formación a los gestores de compra y sistemas de seguimiento de indicadores (kg de CO2 evitado, litros de agua ahorrados). Un caso sobresaliente es la eliminación de detergentes convencionales en todos los servicios de limpieza, sustituidos por productos concentrados y dosificadores automáticos, reduciendo un 60?% el volumen de residuos peligrosos. Para consolidar avances, varias instituciones han establecido metas anuales de penetración CPV por categoría de gasto, con revisión pública trimestral. Plan de Acción de Economía Circular etiquetas ambientales visibles eliminación de detergentes convencionales metas anuales de penetración CPV
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La compra pública sostenible en universidades es la integración sistemática de criterios ambientales, sociales y económicos en todos los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras, desde la redacción de pliegos hasta la evaluación de ofertas y el seguimiento postcontrato. En España, su marco normativo lo constituyen la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, reforzada por el Real Decreto 109/2021, que exige criterios sociales y ambientales mínimos en licitaciones superior ... |