La neutralidad climática en campus es el logro de un equilibrio entre las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y su remoción duradera a nivel local, mediante una estrategia que prioriza la eliminación real —eficiencia, electrificación, renovables— sobre las compensaciones, con plazos ambiciosos (preferiblemente antes de 2035) y enfoque de justicia. En el contexto español, su desarrollo se ha acelerado tras la Declaración Carbono Neutral Universidades Españolas, promovida por diferentes foros universitarios, y el Real Decreto Ley 14/2022, que exige planes de descarbonización a entidades públicas. Las universidades avanzadas han implementado medidas como la rehabilitación energética profunda de edificios históricos del norte (logrando ahorros del 50 % en calefacción), la instalación de autoconsumo fotovoltaico en cubiertas y aparcamientos, y la electrificación total de flotas y climatización. En el sur, se ha priorizado la reducción de carga térmica mediante sombreado activo y ventilación natural, evitando sobrecostes en refrigeración. Pedagógicamente, el campus neutro se convierte en laboratorio vivo: estudiantes de ingeniería monitorizan flujos energéticos, mientras que los de economía evalúan costes de la inacción. La gestión exige huella de carbono anual verificada, metas intermedias públicas (reducción del 50 % para 2030) y participación estudiantil en los comités de seguimiento. Un caso sobresaliente es la descarbonización del 100 % de la calefacción en un campus mediante biomasa local certificada, reduciendo emisiones un 85 % y generando empleo rural. Recientemente, se ha incorporado evaluación de justicia en planes de neutralidad, asegurando que las medidas no carguen desproporcionadamente a colectivos vulnerables (becarios, personas con discapacidad, mayores).
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