La economía baja en carbono en universidades no es un añadido, sino la reconfiguración sistémica de su modelo operativo para que cada decisión —desde una adquisición hasta un título de grado— contribuya a la neutralidad climática. En el contexto español, su implementación se ha acelerado con los fondos Next Generation EU, que financian rehabilitaciones profundas y autoconsumo renovable, pero su éxito depende de la gobernanza: las instituciones más avanzadas han creado unidades transversales con presupuesto propio y voz en el Consejo de Gobierno. Las acciones prioritarias incluyen la sustitución de calderas de gas por bombas de calor accionadas con fotovoltaica, la creación de zonas 30 con prioridad para movilidad activa, y la eliminación de viajes aéreos no esenciales mediante priorización de reuniones virtuales de alta calidad. En campus rurales, se ha priorizado la biomasa local certificada, generando empleo y reduciendo emisiones en un 85?%. Pedagógicamente, el campus se convierte en laboratorio vivo: estudiantes de ingeniería monitorizan flujos energéticos, mientras que los de economía evalúan costes de la inacción. La gestión exige transparencia radical: informes anuales verificados, tableros de mando en tiempo real y participación estudiantil en la definición de metas. Un caso sobresaliente es la reducción del 40?% en emisiones de alcance 3 en tres años, lograda mediante cláusulas contractuales con proveedores y promoción de dietas bajas en carbono en cafeterías. Para consolidar avances, varias universidades han incorporado la evaluación climática obligatoria en proyectos fin de grado, asegurando que la próxima generación de profesionales internalice la descarbonización como estándar. zonas 30 con prioridad para movilidad activa reducción del 40% en emisiones de alcance 3 evaluación climática obligatoria en proyectos fin de grado
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